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Finanzas

La educación financiera debe ser un eje de política pública

 

Septiembre 21, 2015
La educación financiera debe ser un eje de política pública

Hay preocupación por el estado “primitivo” de este tema en el país.  La banca trabaja para que Colombia no sea un país rezagado.

Hace seis años, a la luz de la Ley 1328 de 2009, se estableció la educación financiera como un derecho que debía garantizarse en el marco de la defensa del consumidor financiero, pero desde ese tiempo para acá, aunque se pueden destacar algunos avances, el país todavía está rezagado en la materia. 

Las falencias que tiene Colombia en temas relacionados con educación económica y financiera son evidentes, muestra de ello son los resultados de las pruebas PISA 2014, donde los colombianos obtuvieron un promedio de 379 puntos, quedando en el último lugar de la tabla de los países evaluados en el marco de este programa, que evaluó a unas 29.000 personas de 18 países y analizó los conocimientos de asuntos como la gestión de cuentas y tarjetas bancarias, la planificación de sus finanzas, la comprensión de los riesgos, intereses o impuestos, y de sus derechos y deberes como consumidores.

No obstante, según Asobancaria, el Gobierno Nacional ha implementado una serie de medidas como la expedición del Decreto 457 de 2014, en febrero de ese año, mediante el cual se creó el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera, con el fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares para lograr un nivel adecuado de educación económica y financiera de calidad para la población.

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se estableció la importancia que tiene la educación financiera como componente esencial en el mejoramiento de las capacidades productivas y comerciales de las comunidades rurales.

Sin embargo, a pesar de estos logros, es fundamental, de acuerdo con Asobancaria, que la educación financiera sea un eje de política pública, ya que el “estado primitivo” en el que se encuentra el tema en el país está afectando en términos de competitividad de las empresas y el desarrollo económico de Colombia.

En general, aunque la ley no establece objetivos específicos, ha logrado que las entidades del sector financiero estén más involucradas en el tema.  Así las cosas, en el “Mapeo de los Programas de Educación Financiera de las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia – 2014”, realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y la Dirección de Protección al Consumidor de la Superintendencia Financiera de Colombia se pudo evidenciar que el 43,2 % de las entidades comenzó su programa un año después de entrar en vigencia la Ley y el 86 % cuenta con programas vigentes.

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